Una vez más, la USO toma la iniciativa en la defensa de los plenos derechos de los profesores de Religión en Centros Públicos

El pasado día 28 de febrero, se celebró en la Audiencia Nacional el juicio por la demanda interpuesta por USO en reclamación por el reconocimiento del derecho de los profesores de religión a percibir trienios. Una vez más, la USO toma la iniciativa en la defensa de los plenos derechos de los profesores de religión en centros públicos.

En diciembre de 2010 se dictaron dos sentencias por parte del Tribunal Supremo que han supuesto en la práctica, por un lado, que se deje de reconocer y abonar trienios a quienes lo devengan por primera vez y, por otro, que en los procedimientos judiciales iniciados para reconocimiento de trienios que hasta ese momento habían obtenido sentencias favorables, se empezara a emitir sentencias contrarias a ese derecho.

Este circunstancia ha dado lugar a que actualmente haya por un lado, un buen número de profesores que tienen reconocidos, mediante sentencias favorables, todos los trienios desde el inicio de su prestación de servicios como profesores de religión y, a la vez, la mayor parte del profesorado, a la que sólo se le reconocen los trienios desde el reconocimiento de su relación laboral en 1999. Además de aquellos compañeros, no muchos afortunadamente, que habiéndo ya generado al menos un trienio en el sector, no lo vienen percibiendo.

Por este motivo, desde USO hemos planteado una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, ya que entendemos que la Ley Orgánica de Educación establece la analogía retributiva entre los docentes de religión y los docentes interinos de la función pública y que además, la equiparación entre ambos grupos profesionales no es algo nuevo, sino que ya había venido regulándose así desde el convenio de 1993.

Consideramos, asímismo, que el conflicto colectivo, es el mejor procedimiento posible para la defensa de los intereses del colectivo de profesores de religión, ya que de haber interpuesto demandas individuales y no obtener sentencias favorables, posteriormente sería necesario pagar las correspondientes tasas para poder recurrir, mientras que mediante este conflicto, además de ahorrar estos costes a los trabajadores, en el caso de obtener una sentencia favorable se verá beneficiado todo el colectivo.